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Resumen

Desde finales del siglo pasado, nuestro país ha experimentado un notable crecimiento del número de residentes de origen extranjero, fenómeno que ha repercutido en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el de las políticas y servicios sociales. Por desgracia, en este último campo se ha extendido la idea de que estas personas recurren a las prestaciones sociales de forma desproporcionada e injusta, hasta el punto de considerar, incluso, que viven voluntariamente a expensas del Estado del bienestar. Con el fin de aportar una mirada más objetiva sobre esta cuestión, este artículo indaga en las prestaciones que reciben y en el modo en que se acercan a los servicios sociales de la CAPV, para defender que se trata de un uso diferencial y justificado por los riesgos de exclusión que las amenazan. De acuerdo con los autores, investigadores ambos de Ikuspegi-Observatorio Vasco de Inmigración, la vulnerabilidad de las personas inmigradas extracomunitarias, deriva, en primer lugar de su estatus administrativo, que deja fuera de la ciudadanía social a quienes incumplen determinados requisitos. Una vez satisfechos éstos –en la CAPV, un año de empadronamiento permite solicitar la renta básica–, quienes tienen dificultades para encontrar empleo o se encuentran en situación de aislamiento social pueden beneficiarse de los mecanismos de integración previstos por los servicios sociales públicos. En este sentido, Moreno y Aierdi argumentan, con cifras en la mano, que, en el País Vasco, la proporción de personas inmigradas que utiliza los servicios y prestaciones sociales es relativamente baja, que el gasto social a ellas destinado es inferior a su peso demográfico y que aportan a las arcas públicas más de lo que reciben. Además, concluyen, acuden a los servicios sociales sobre todo al principio de su estancia, por lo que deben verse más como “primer trampolín de inserción” que como “última red de protección”.