La Justicia Juvenil de Euskadi en el Congreso Mundial de París

29 Mayo 2018

• La tercera parte de las intervenciones del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi se resuelven en procesos de mediación que culminan con éxito en 8 de cada 10 casos.

• La tasa de reincidencia penal juvenil se sitúa en Euskadi por debajo del 17%.

• La Consejera María Jesús San José ha presentado el modelo vasco de Justicia Juvenil en el Congreso Mundial que reúne en París a un millar de asistentes y ponentes.

• En 2017 se impusieron en Euskadi 839 medidas firmes y cautelares a un total de 554 chicos y chicas.

• La medida impuesta con mayor frecuencia fue la libertad vigilada (41%), seguida de los internamientos (18%) y las prestaciones en beneficio de la comunidad (15%).

La Consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, ha intervenido hoy en el Congreso Mundial de Justicia Juvenil inaugurado ayer en París bajo el patrocinio de la UNESCO y en cuya organización colaboran la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (AIMJF), Terre des hommes Foundation (Tdh), Penal Reform International (PRI), Child Rights International Network (CRIN), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y el Instituto de Formación Judicial (IGO- IFJ).

El Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes reúne, durante tres días, a un millar de asistentes y ponentes, en su mayoría representantes de administraciones, instituciones y agencias públicas encargadas de la gestión de los servicios de Justicia Juvenil, así como jueces, fiscales y profesionales especializados en los sistemas de justicia de menores.

La Consejera San José ha presentado los resultados del modelo de Justicia Juvenil de Euskadi que tras una experiencia acumulada de más de veinte años ha pasado a ser uno de los principales referentes en la materia. Precisamente, la intervención de María Jesús San José se ha enmarcado dentro del Foro Iberoamericano encargado de analizar las buenas prácticas, estándares y resultados alcanzados en materia de mediación penal juvenil y ejecución de medidas no privativas de libertad.

En este sentido, Maria Jesús San José ha destacado el importante descenso experimentado por la tasa de reincidencia penal juvenil que ya se sitúa por debajo del 17%, según la evaluación externa realizada por el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco. “Los principios que modulan la actividad del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi – ha indicado San José- son fruto de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años; de la confrontación con otros modelos de éxito, no sólo en el terreno de la Justicia Juvenil, sino sobre todo en el mundo educativo y de la intervención social. El trabajo coordinado con otros departamentos del Gobierno (Salud, Educación, Seguridad, Empleo y Políticas Sociales) y con otras administraciones (Diputaciones y Ayuntamientos) ha penetrado en el ADN de la Justicia Juvenil de Euskadi”.

Según la Consejera, desde las instituciones y entidades que trabajan en Justicia Juvenil se debe priorizar la prevención, la intervención en los sistemas generales y, únicamente, acudir a la intervención especializada en situaciones excepcionales y con carácter subsidiario, teniendo siempre presente la finalidad de “vuelta” a los sistemas comunes para toda la población. “La expresión, intervenir pronto es tarde, -ha añadido San José- cobra una importancia máxima cuando nos referimos al campo de la Justicia Juvenil. La mejor prevención es la satisfacción de los derechos que a los menores de edad corresponden desde el nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta”.

El modelo del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi se estructura en tres niveles, complementarios y subsidiarios: los procesos de mediación (conciliación y reparación), las medidas no privativas y las medidas privativas de libertad.

Los procesos de mediación tienen una especial relevancia en el modelo vasco, durante el pasado año representaron una tercera parte del millar de intervenciones realizadas en justicia de menores y culminaron de forma positiva en el 78% de los casos.

Una referencia constante en el proceso de ejecución de las medidas es abrir a la persona infractora menor de edad la posibilidad de la asunción directa de su responsabilidad y propiciar la reparación directa o simbólica del daño causado a la víctima o a la comunidad.

“Los informes de los equipos técnico-psicosociales -ha explicado San José- juegan un papel transcendente para encontrar la respuesta más adecuada a la realidad de cada chico y chica y adecuarla a su evolución y contexto. Otro principio fundamental lo constituye la intervención mínima; la sanción penal sólo deba aplicarse cuando no exista otro medio para responder con la misma eficacia a la conducta infractora y la medida de internamiento sólo debe aplicarse cuando no exista otro medio igualmente eficaz”.

Por último, María Jesús San José ha recordado que el punto de partida y referencial de todas las actuaciones a desarrollar en Justicia Juvenil es la condición de los adolescentes en un periodo de tránsito a la vida adulta, dentro de una realidad en continua evolución, en la que el conflicto, la confrontación con su entorno y con el mundo de las personas adultas son inseparables. “Se encuentran en un periodo de sus vidas inundado de cambios en todos los ámbitos -psicológico, afectivo, emocional, social, familiar, formativo y biológico. Sólo partiendo de esta realidad la intervención cobra sentido y, sobre todo, con respuestas específicamente diseñadas para estas personas”.

EL SERVICIO DE JUSTICIA JUVENIL DE EUSKADI EN 2017

Según la Memoria 2017 del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi, elaborado por Instituto Vasco de Criminología de la UPV-EHU,  durante el pasado año se impusieron  839 medidas firmes y cautelares a un total de 554 chicos y chicas. (71% con una medida, 18% con dos, 6% con tres y 5% con cuatro o más medidas).

En su mayoría fueron chicos (80%), nacidos en la CAPV o en otras CCAA (68%), que convivían en su familia de origen, extensa o de acogida (72%), que tenían o habían tenido relación con los Servicios Sociales (70%), con comportamientos importantes de impulsividad (42%), con escaso control parental efectivo y continuado en el tiempo (22%) y con un patrón de consumo de tóxicos habitual y en ocasiones problemático (28%). Así mismo, estaban sin escolarizar un 34%, su nivel de estudios era inferior al que les correspondería por su edad y la mayoría de los escolarizados (79%) habían tenido un rendimiento malo o regular. Un 48% pertenecía a un grupo de iguales con comportamientos de riesgo social y el 58% no realizaba ningún tipo de actividad de ocio estructurado.

En 2017 la medida impuesta con mayor frecuencia fue la libertad vigilada (41%), seguida de los Internamientos (18%) y las prestaciones en beneficio de la comunidad (15%).

El 91% de las medidas impuestas fueron medidas firmes que sumaron un total de 764 (312 libertad vigilada, 135 internamientos, 115 prestaciones en beneficio de la comunidad y 90 tareas socioeducativas). El 73% fueron de cumplimiento en medio abierto y el resto en centro  educativo. La mayoría fueron impuestas a chicos (83%). El 68% de las personas a las que se les aplicó este tipo de medidas habían nacido en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas y el 32% en el extranjero.

Los cuatro hechos delictivos más habituales fueron el robo con violencia y/o intimidación (16%), las lesiones (un 11,1%), el robo con fuerza (10%), la violencia familiar (9%).

Ya en relación con las medidas cautelares impuestas en 2017 señalar que fueron un total de 75 (33 de internamiento, 32 libertad vigilada, 9 convivencia en centro educativo y 1 prohibición de aproximarse a la víctima), la mayoría fueron impuestas a chicos (93%). Respecto a la duración, un 88% de las medidas cautelares no superó los 6 meses y en cuanto al lugar de nacimiento de las personas a las que se les impuso medidas cautelares, se observa que el 61% de estas medidas correspondieron a personas nacidas en la CAPV o en otras Comunidades Autónomas, frente al 39% nacidas en el extranjero.

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS:

SERVICIOS RESIDENCIALES Y SERVICIOS EN MEDIO ABIERTO

Servicios Residenciales

La red de centros educativos de justicia juvenil está compuesta por centros específicos, atendidos por personal especializado cuya finalidad es acoger a las personas infractoras menores de edad que deben cumplir una medida firme o cautelar de internamiento (en sus distintos regímenes), permanencias de fin de semana y, excepcionalmente, convivencias en grupo educativo.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, estos centros se clasifican en tres niveles: I, II y III. De manera simplificada podemos decir que los centros de Nivel I son centros de responsabilidad y gestión pública, en los que se cumplen las medidas más restrictivas de derechos y de más larga duración. Los de Nivel II son centros de responsabilidad pública y gestión convenida con una entidad sin ánimo de lucro, de pequeño tamaño, en los que se cumplen medidas en régimen semiabierto y abierto, o en cerrado de corta duración. Los de Nivel III, también llamadas “residencias de autonomía”, son de muy pequeño tamaño, con una capacidad máxima de 6 plazas, totalmente integrados en la comunidad, para el cumplimiento de las últimas fases de internamientos en régimen abierto o semiabierto.

     Red de Centros Educativos de Justicia Juvenil en 2017. 

NIVEL	CENTRO	PLAZAS
I	Centro Educativo IBAIONDO (chicos)	39
II.	Centro Educativo URIBARRI (chicos)	18
	Centro Educativo URGOZO (chicos)	12
	Centro Educativo ANDOIU/GORBEIA (mixto)	16
	Centro Educativo TXEMA FÍNEZ (chicos)	18
III	Residencia de Autonomía BILBAO (mixto)	6
	TOTAL:	109

 

Servicios en Medio Abierto

Dentro de estos servicios se incluyen los centros de día (para el cumplimiento de medidas de asistencia a centro de día) y los equipos de medio abierto (para el cumplimiento de libertades vigiladas, realización de tareas socioeducativas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tratamientos ambulatorios y permanencias de fin de semana en domicilio).

La red de Centros de Día contó durante 2017 con 48 plazas, 22 en el Centro de Día Zabalik (Bizkaia), 18 en el Centro de Día Ireki (Gipuzkoa) y 8 en el Centro de Día Uribarri (Araba).